Sentencia Corte IDH, Caso Habitantes de La Oroya Vs. Perú (27 nov. 2023)
Referencia (APA):
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2023, 27 de noviembre). Caso Habitantes de La Oroya Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. San José, Costa Rica: Corte IDH.
Resumen ejecutivo:
La Corte IDH declaró responsabilidad internacional del Estado peruano por violación de los derechos al medio ambiente sano, salud, vida, integridad personal, niñez, acceso a la información/participación política y recurso judicial efectivo (Puntos Resolutivos 3-10), derivada de la contaminación producida por el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) durante más de 87 años de operación (desde 1922, bajo Centromin y luego Doe Run Perú). El fallo constata incumplimiento del deber de fiscalización estatal, medidas regresivas de protección ambiental y persistencia de contaminantes en aire, agua y suelo hasta la fecha de la sentencia (párr. 332). Es el instrumento vinculante base para la denuncia por incumplimiento, dado que fija obligaciones concretas, plazos perentorios y entidades responsables.
Funciones determinadas por entidad (Puntos Resolutivos 11-26 y párrs. 333-355):
| Entidad | Función/obligación determinada | Plazo | Base |
|---|---|---|---|
| Estado (Ministerio de Justicia/Poder Judicial/Fiscalía) | Promover y continuar investigaciones sobre hostigamiento a defensores ambientales y sobre la contaminación en La Oroya | Razonable | Párrs. 327-328; PR 12 |
| Estado (rector: MINAM/Activos Mineros S.A.C.) | Diagnóstico de línea base de contaminación (aire, suelo, agua) + plan de acción de remediación, incluyendo viviendas de víctimas | Inicio ejecución ≤18 meses | Párrs. 333-334; PR 13 |
| MINSA / EsSalud / SIS | Tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico gratuito y vitalicio a víctimas, con protocolo de cumplimiento | Protocolo ≤6 meses; informe ≤1 año | Párr. 338; PR 14 |
| Ministerio de Justicia y DD.HH. / MINEM / MINSA / MINAM | Publicaciones oficiales de la sentencia (Diario Oficial, portales web, redes sociales) y acto público de reconocimiento de responsabilidad en La Oroya | ≤6 meses (publicaciones); ≤1 año (acto) | Párrs. 340-341; PR 15 |
| Estado (legislativo/MINAM) | Compatibilizar estándares de calidad del aire (ECA/LMP) para plomo, SO2, cadmio, arsénico, material particulado y mercurio conforme a criterios OMS, sin regresividad | ≤2 años | Párr. 346; PR 16 |
| Estado (sistema de alerta local) | Garantizar efectividad del sistema de estados de alerta y monitoreo de aire/suelo/agua en La Oroya, con acceso público a la información | Sin plazo expreso (inmediato) | Párr. 347; PR 17 |
| Sistema de salud pública en La Oroya | Atención médica especializada inmediata a afectados por exposición a contaminantes, con enfoque diferencial (niños, gestantes, adultos mayores) | ≤1 año | Párr. 348; PR 18 |
| Estado (Comité tripartito: víctimas-Estado-tercero) | Constitución de Fondo de Asistencia (mín. USD 200,000) para traslado/hospedaje/alimentación de pacientes | Comité ≤6 meses; fondo ejecutado ≤4 años | Párr. 349 |
| Estado (fiscalización CMLO) | Supervisar y fiscalizar que las operaciones del CMLO cumplan estándares ambientales internacionales; condicionar permisos de operación/cierre | Continuo | Párr. 350; PR 19 |
| Estado / titulares mineros | Plan de compensación ambiental (pérdida neta cero de biodiversidad) y aplicación del principio "quien contamina paga" | Sin plazo expreso | Párrs. 351-352; PR 19 |
| Poder Judicial y entidades con competencia minera | Programa de capacitación permanente en derecho ambiental para funcionarios judiciales y administrativos, con indicadores de efectividad | ≤1 año | Párr. 353; PR 20 |
| Estado (sistema nacional) | Sistema de información pública en tiempo real sobre calidad de aire/agua en zonas de mayor actividad minero-metalúrgica del Perú | ≤1 año | Párr. 354; PR 21 |
| Estado | Plan de reubicación voluntaria para habitantes de La Oroya (7 etapas: estudio, sitios, consulta, factibilidad, financiamiento, ejecución, monitoreo) | ≤1 año | Párr. 355; PR 22 |
| Estado | Informe anual a la Corte IDH sobre medidas de cumplimiento; supervisión continua por la Corte hasta cumplimiento íntegro | Primer informe ≤1 año | PR 25-26 |
Lista de contaminantes:
| Parámetro | Valor hallado (según prueba citada en la Sentencia) | Límite permitido (LMP/ECA) |
|---|---|---|
| Plomo en aire | 17.5 veces el estándar trimestral EPA (DIGESA, 1999, párr. 77) | Estándar trimestral EPA (no cuantificado en cifra absoluta en el texto) |
| Plomo en agua | Hasta 70 veces el límite de la Ley de Aguas (DIGESA, 1999, párr. 77) | Límite Ley General de Aguas |
| Plomo en sangre (niños <6 años) | 99.9% sobre el límite OMS (censo hemático 2005, párr. 78); 99% sobre valores de referencia OMS (DIGESA 2005, párr. 79) | Nivel de referencia OMS |
| Plomo en sangre (población general) | 3 veces el límite OMS (párr. 77) | Límite OMS |
| SO2 (dióxido de azufre) | Superó 365 μg/m³/24h el 2 feb. 2017; excedido también 10-11 dic. 2016 y 17, 21 ene. 2017 (OEFA, párr. 83) | ECA SO2 = 365 μg/m³/24h |
| Plomo en suelo | Superó en 87% el límite máximo permitido (estudio 2017, párr. 84) | Límite máximo permitido (no especificado en cifra) |
| Arsénico en agua subterránea | Concentraciones altas en 2 puntos de control cerca de Depósitos de Trióxido de Arsénico (OEFA 2011/2013, párr. 82) | ECA agua subterránea |
| Cadmio, arsénico, plomo (suelo, 2300 km² región central) | Persistencia y acumulación histórica tras 87 años de operación (párr. 84) | ECA suelo (D.S. 002-2013/002-2014-MINAM) |
Brechas de gestión:
El expediente evidencia patrón sistemático de: (i) fiscalización tardía y reactiva por OEFA, limitada a monitoreos puntuales sin sanción efectiva (14 monitoreos de aire 2006-2019, sin remediación concluida); (ii) archivo de investigaciones penales por contaminación ambiental (FEMA Junín, Caso 213-2014 y Carpeta Fiscal 2206015200-2019-164-0, ambas sin atribución de responsabilidad, párr. 328); (iii) actualización normativa insuficiente —el D.S. N.° 020-2021-MINAM (Plan ECA/LMP 2021-2023) fue reconocido por la propia Corte como no verificado en su impacto real (párr. 345); (iv) ausencia de diagnóstico integral de línea base pese a más de dos décadas de estudios parciales (DIGESA 1999-2005, CONAM 2004, estudio 2017); (v) remediación a cargo de Activos Mineros S.A.C. sin cronograma verificable de cierre; y (vi) falta de mecanismos vinculantes de debida diligencia empresarial pese a las recomendaciones expresas de la CIDH (párr. 342). Estos vacíos son la base fáctica y jurídica directa para sustentar ante Contraloría el incumplimiento de los Puntos Resolutivos 12-22.
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Yolanda Victoria Rojas Espinoza | ORCID 0009-0002-9012-1393
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