sábado, 5 de septiembre de 2026

DENUNCIA PÚBLICA: ¿ESTÁ CUMPLIENDO EL PERÚ LA SENTENCIA DE LA CORTE IDH EN EL CASO LA OROYA?

 


🚨 DENUNCIA PÚBLICA: ¿ESTÁ CUMPLIENDO EL PERÚ LA SENTENCIA DE LA CORTE IDH EN EL CASO LA OROYA?

La sentencia que responsabilizó al Estado peruano por la contaminación de La Oroya no puede convertirse en una sentencia olvidada.

El 27 de noviembre de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano por las violaciones de derechos humanos sufridas por habitantes de La Oroya como consecuencia de la contaminación del aire, agua y suelo producida por las actividades minero-metalúrgicas del Complejo Metalúrgico de La Oroya, así como por deficiencias del Estado en la regulación y fiscalización de dichas actividades. La Corte también determinó que determinadas modificaciones de los estándares de calidad del aire constituyeron una medida regresiva en la protección ambiental.

La sentencia no fue una recomendación. Estableció medidas concretas de reparación y garantías de no repetición, entre ellas la adecuación de los estándares de calidad del aire, la efectividad de los sistemas de alerta y monitoreo, atención especializada a las personas afectadas, fiscalización ambiental, capacitación de funcionarios, acceso público a información ambiental y otras medidas destinadas a evitar que una situación semejante vuelva a repetirse.

Sin embargo, la pregunta sigue abierta:

❓ ¿ESTÁ CUMPLIENDO REALMENTE EL ESTADO PERUANO?

La preocupación no es solamente histórica.

⚠️ Los registros oficiales de monitoreo ambiental continúan mostrando episodios de concentración elevada de dióxido de azufre () en La Oroya. En la investigación documentada que acompaña esta denuncia se han identificado registros oficiales de OEFA con valores que superan los valores de referencia utilizados para la evaluación ambiental.

🚨 Y existe una diferencia que merece una explicación pública:

  • 🟢 OMS: 40 µg/m³ ( promedio en 24 horas, Directrices Mundiales de Calidad del Aire 2021).
  • 🟡 Perú: 250 µg/m³ (estándar nacional utilizado para la comparación, 6,25 veces más alto que el nivel guía de la OMS).
  • 🔴 Valor Excepcional: 365 µg/m³ asociado al Complejo Metalúrgico de La Oroya, cuya vigencia, fundamento y compatibilidad con el marco regulatorio actual y con las obligaciones establecidas por la Corte IDH deben ser esclarecidos. Esta cuestión ya ha sido incorporada en la denuncia presentada ante la Contraloría.

La OMS aclara que sus directrices no son, por sí mismas, normas jurídicas vinculantes. Pero en este caso existe un elemento fundamental: la propia Corte IDH ordenó al Estado peruano armonizar sus estándares de calidad del aire considerando los criterios más recientes de la OMS y respetando el principio de no regresividad.

Por ello, la discusión ya no puede reducirse a preguntar si una concentración determinada está “dentro de la norma”.

❗ La pregunta es: ¿La norma y su aplicación proporcionan realmente el nivel de protección de la salud y del ambiente que exige la sentencia de la Corte IDH?

🛑 NO BASTA CON MEDIR LA CONTAMINACIÓN

Cuando una estación de monitoreo registra una excedencia, el Estado debe poder demostrar qué ocurrió después:

  • 📢 Si existe una alerta, debe saberse quién la recibió, qué autoridad debía actuar, qué información recibió la población y qué medidas fueron adoptadas.
  • 🔍 Si existe una excedencia, debe poder determinarse si hubo fiscalización, medidas administrativas, corrección y posterior verificación.
  • ⚖️ Y si existe una sentencia internacional que ordena medidas concretas, debe poder demostrarse no solamente que se elaboraron informes, sino que las medidas produjeron resultados reales y verificables.

Ese es precisamente uno de los principales cuestionamientos planteados en nuestra investigación.

⛔ LA OROYA NO DEBE VOLVER A REPETIRSE

La Corte IDH mantiene actualmente el caso Habitantes de La Oroya Vs. Perú en etapa de supervisión de cumplimiento. Por ello, como sociedad tenemos derecho a preguntar:

  • ❓ ¿Qué medidas ha ejecutado realmente el Estado?
  • ❓ ¿Qué estándares ambientales fueron modificados después de la sentencia?
  • ❓ ¿Se han adecuado conforme a los criterios más recientes de la OMS?
  • ❓ ¿Funcionan efectivamente los sistemas de alerta?
  • ❓ ¿La población recibe información oportuna cuando existe riesgo?
  • ❓ ¿Las excedencias registradas generan una respuesta preventiva y correctiva efectiva?
  • ❓ ¿Se está remediando el daño ambiental?
  • ❓ ¿Se está garantizando la atención especializada de las personas afectadas?
  • ❓ ¿Se está implementando un verdadero sistema nacional de información ambiental?

Estas no son preguntas contra una institución determinada. Son preguntas que el Estado peruano debe responder con documentos, datos, presupuestos, indicadores, actuaciones administrativas y resultados verificables.

📋 UNA DENUNCIA QUE YA ESTÁ EN LA CONTRALORÍA

El 4 de septiembre de 2026, esta investigación fue trasladada formalmente a la Contraloría General de la República mediante una denuncia ciudadana.

Se solicitó evaluar posibles deficiencias en el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte IDH y en las funciones estatales de prevención, monitoreo, fiscalización y respuesta ambiental en La Oroya y la Cuenca Mantaro.

📁 La denuncia está sustentada en documentación oficial, incluyendo la sentencia de la Corte IDH, información de OEFA, datos ambientales, información de ANA, información geoespacial e información minera obtenida mediante mecanismos de acceso a la información pública.

Esto no es una acusación basada en rumores. Es una investigación documental que solicita que las autoridades competentes verifiquen los hechos y determinen las responsabilidades que correspondan.

📢 LA PREGUNTA ES PARA TODO EL PERÚ

La Oroya no debería ser solamente el nombre de una ciudad asociada a uno de los casos ambientales más graves de nuestra historia; debe convertirse en una lección institucional. Porque si después de una sentencia internacional que reconoce contaminación del aire, agua y suelo y ordena medidas de reparación y no repetición vuelven a existir excedencias, alertas, brechas de información o deficiencias de fiscalización, entonces el problema deja de ser solamente ambiental: se convierte en un problema de gestión pública y de protección efectiva de los derechos humanos.

¿Cuánto tiempo más tendrá que esperar la población para que el derecho a un ambiente sano deje de ser una obligación escrita en una sentencia y se convierta en una realidad medible?

La sentencia de La Oroya no debe cumplirse solamente en el papel: debe cumplirse en el aire que respira la población, en el agua que consume, en el suelo que habita y en la protección efectiva de su salud.

CASO OROYA — “Privilegio de Contaminar en el Perú”

Investigación técnico-jurídica y documental.

Yolanda Victoria Rojas Espinoza

Directora y Fundadora de QNM – Que Nos Mantengan®

Investigadora y Comunicadora Social

  • INDECOPI N.° 00174793
  • ORCID 0009-0002-9012-1393

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  • Sentencia oficial de la Corte IDH — Caso Habitantes de La Oroya Vs. Perú
  • Directrices Mundiales de la OMS sobre la Calidad del Aire

 


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